Los programas sociales implementados en México son vulnerables a casos de corrupción porque no cumplen con los estándares requeridos, según un estudio difundido este viernes por el Tecnológico de Monterrey.
Se evaluaron 28 programas sociales emergentes durante la pandemia en 8 estados del país y se confirmó que ningún programa evaluado supera el 50% de los estándares solicitados.
El estudio del Tec de Monterrey determinó que, en materia de presupuesto, únicamente el 18% de los programas publican información detallada en cuanto a la dispersión geográfica de los recursos y sólo el 29% de los mismos se realizan alineados al presupuesto versus a lo implementado.
Por ello, se identificó que existe un riesgo de corrupción asociada al desvío de recursos, clientelismo y uso político electoral.
En cuestiones operativas, únicamente en el 50% de los programas analizados, fue posible localizar una convocatoria pública que facilite el acceso a la población a la información de los beneficios.
El estudio destaca que, en ninguno de los programas analizados, se cuenta con un comité de vigilancia ciudadana o mecanismo afín y del 79% que cuentan con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo el 18% disponen de elementos que permiten verificar su funcionamiento.
En materia de fiscalización, de los 28 programas analizados, únicamente 4 cuentan con auditorías financieras.
Finalmente, solo el 25% de los programas han estado sujetos a una evaluación de diseño en los términos de referencia establecidos por CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Ana Olga Rodríguez Betancourt, coordinadora y líder del proyecto, comentó que: «la falta de mecanismos de evaluación de estos programas propicia que se presenten actos de corrupción como el clientelismo político, práctica que persiste en nuestro entorno, tan solo recordemos los récords de vacunación contra el covid-19 que se presentaron previos a las pasadas elecciones de junio de 2021».
Alfredo Elizondo, director del centro de análisis e investigación GESOC, resaltó que: «gracias a la participación ciudadana, tanto de organizaciones de la Sociedad Civil, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción y la comunidad universitaria del Tec de Monterrey, ha sido posible identificar los principales riesgos de corrupción en programas sociales locales».
También ha permitido -agregó-: «generar agendas de incidencia locales entre autoridades y las personas participantes para atender las recomendaciones generadas y prevenir posibles actos de corrupción en el futuro».
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Álvarez, destacó que: «la corrupción es un ataque a las instituciones, a la ciudadanía y a la democracia, y en los asuntos de corrupción y de buen gobierno, no solo los expertos deben estar involucrados, sino la gente debe estar dentro y participar para controlar la corrupción». (EFE).
