La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este miércoles inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley chayote” y que fue aprobada en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para regular la propaganda gubernamental, al considerar que “no esclarece ni detalla los criterios” de gasto en publicidad oficial.
Aprobada en el último año del Gobierno de Peña Nieto, la ley tenía como objetivo reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia fuera eficiente y transparente.
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo a la organización Artículo 19 en contra de la Ley General de Comunicación Social “porque no cumple a cabalidad con la tarea encomendada (…) en tanto no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social”.
“Ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios referidos, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, expuso en el proyecto el magistrado de la corte Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La SCJN recordó que a la organización Artículo 19 “se le reconoció interés legítimo para impugnar la Ley General de Comunicación Social, en virtud de que su objeto social está vinculado con la defensa de los derechos de libertad de expresión e información”.
La corte explicó que el efecto del amparo es que el Congreso cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 en materia de la regulación de la propaganda gubernamental.
En consecuencia, debe subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021.
A finales de abril de 2018, la organización Artículo 19 criticó que la “Ley Chayote” (como se le dice popularmente a los sobornos que se dan a periodistas o medios de comunicación) “no preveía contratos claros para la publicidad oficial” y establecía a la Secretaría de Gobernación como órgano adjudicatario de la propaganda, convirtiéndose así en un “instrumento de control político” de los medios de comunicación.
De acuerdo con Artículo 19, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastó entre 2012 y 2017 más de 40,000 millones de pesos en publicidad oficial que fueron a parar a grandes grupos de televisión, prensa y radio.
En noviembre de 2017, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Congreso a aprobar una legislación que regulara “el gasto en publicidad oficial en aras de proteger el ejercicio de la libertad de expresión”. (EFE).
