Testigo fiel
Por; Jesús Torres
Campeche, el ‘fantasma’ de la anulación
La próxima semana, antes de que finalice el mes de julio, Campeche podría ser noticia nacional si el Tribunal Electoral local resuelve anular la elección para gobernador derivado del cúmulo de irregularidades que documentaron los partidos PRI, PAN, PRD, incluido Movimiento Ciudadano.
Campeche se sumaría así a otras entidades que a lo largo de la historia de nuestro país la autoridad electoral ha tenido que convocar a nuevos comicios por el desvío de recursos públicos a las campañas, la intervención del gobierno en el proceso o el uso de programas sociales para beneficiar a un candidato.
Hasta hoy se tiene el registro de tres anulaciones de elecciones para gobernador como la de 2000 en Tabasco al ex priista Manuel Andrade Díaz; en 2003 al aspirante del PRI al gobierno de Colima, Gustavo Vázquez Montes y en 2015 en la misma entidad colimense al contendiente del tricolor, José Ignacio Peralta.
En el caso de Campeche todo hace indicar que podría correr la misma suerte debido a que existen 69 solicitudes de juicio de inconformidad, de las cuales 53 son relativas a los comicios para gobernador. De esos recursos, 28 fueron promovidos por el PRI.
Tan sólo el candidato independiente a la gubernatura de Campeche, Luis García denunció el reparto de 300 millones de pesos en programas sociales del gobierno federal a través de los Servidores de la Nación para la compra del voto, acusación que de comprobarse también sería contundente para echar abajo la elección.
Las pruebas del fraude que han documentado ante los órganos electorales contra Morena y su candidata, Layda Sansores son tales que incluso hay declaraciones de magistrados de los tribunales local y federal que avizoran una inminente anulación de los comicios.
Se ha dicho que el Tribunal Electoral de Campeche dispone hasta el 30 de agosto para resolver los juicios en el caso de la elección de gobernador, aunque ha trascendido que la próxima semana podría darse el fallo de los magistrados locales.
Cual sea la resolución del máximo órgano jurídico del estado, el caso se irá obligadamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá la última palabra. Hagan sus apuestas.
