El acceso a los servicios de contracepción y de aborto puede ser una “lotería” para mujeres y niñas en América Latina, ya que depende de su posibilidad de pagar o de la posición personal o religiosa de un trabajador de la salud, dijo este lunes Amnistía Internacional.
En un nuevo reporte, el grupo activista por los derechos humanos analizó los sistemas de salud sexual y reproductiva en ocho países: El Salvador, República Dominicana, Paraguay, Chile, Argentina, México, Perú y Uruguay.
«Por desgracia, para mujeres de toda Latinoamérica, recibir tratamiento médico para salvar la vida depende de la buena voluntad de un profesional de la salud o de su capacidad adquisitiva», dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas en un comunicado.
América Latina tiene algunas de las leyes más estrictas sobre aborto. Siete países lo prohíben sin importar la circunstancia, mientras que en la mayoría el procedimiento está solo permitido en casos de violación, incesto o si la vida de la madre corre peligro.
La influyente iglesia católica, junto con las evangélicas, que dicen que la vida comienza en el momento de la concepción, son los principales apoyos de las estrictas leyes contra el aborto. Otra razón son los estereotipos culturales que promueven el rol de la mujer «primero y sobre todo como madres», según el reporte.
El informe cita el caso de una niña de 10 años en Paraguay a quien la ley le negó un aborto en 2015 tras quedar embarazada por una violación cometida por su padrastro. En República Dominicana, una adolescente de 16 años, Rosaura Hernández, murió de leucemia en 2012 porque los médicos se negaron a realizar un aborto y pospusieron su tratamiento.
En los pocos países donde el aborto es legal, como Uruguay, las mujeres igualmente enfrentan obstáculos como el derecho de los trabajadores de la salud a declararse «objetores de conciencia» y negarse a realizar el procedimiento, dijo Amnistía.
Ante estas actitudes, las mujeres se ven obligadas a someterse a abortos clandestinos, que fueron la causa de al menos una en 10 muertes maternas en América Latina en 2014, dijo el reporte. Unas 760,000 mujeres son tratadas por año por complicaciones vinculadas a abortos clandestinos.
La propagación del virus de Zika, vinculado a malformaciones congénitas en Brasil, ha revivido el debate sobre el aborto en América Latina y la necesidad de mejorar el acceso a la contracepción. Varios países recomendaron a las mujeres no embarazarse por el momento.
«Esta recomendación es no solo irrisoria, pero insultante en un contexto regional donde más de la mitad de los embarazos no han sido deseados o planificados. Esto debido a elevadísimos índices de violencia sexual, así como de demanda insatisfecha de anticoncepción y por patrones culturales que siguen priorizando el rol de la mujer-madre», dijo el reporte de Amnistía.(Reuter)
