De Primera Mano
Rodulfo Reyes
Montaño: dos visiones
El desafuero de Jorge Montaño Montero como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) ha dividido a la opinocracia criolla en dos visiones: la que sostiene que no es culpable y que es víctima de una venganza política por haber anulado la elección en el municipio de Centro, y la que asegura que se trata de un asunto de estricta aplicación de las leyes.
En este tema, sin embargo, convergen elementos de ambas posturas, pues si bien obedece a una reacción del régimen perredista por su actuación en contra del candidato del PRD, Gerardo Gaudiano Rovirosa, también está probada su participación en hechos de posible carácter delictuoso.
En el fondo, uno y otro bando demuestran que, en efecto, se trata de un asunto estrictamente político, mas no tanto por la persecución que sus defensores dicen que es blanco, sino porque se trata de un caso viciado de origen por políticos tabasqueños.
Como parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), en la administración pasada, Montaño fue acusado junto a otros dos ex consejeros de haber participado en un fraude con la compra de un edificio en ruinas, cuyo precio fue inflado al doble pese a que no estaba en condiciones de uso.
Por el delito de ejercicio indebido de atribuciones fueron encarcelados el 9 de febrero de este año Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, pero seis meses después, en agosto, lograron un amparo.
Esto ha servido para que los allegados de Montaño aleguen que es inocente, mas pasan por alto que la excarcelación de aquellos no obedeció a que sean inocentes, sino a una mala integración de la averiguación previa, pues la justicia federal consideró que en Tabasco la figura de un consejero electoral no se enmarca dentro del concepto de funcionario.
Pero el delito existe, aunque por una interpretación hayan ganado un amparo: un miembro del IEPCT es considerado consejero ciudadano, no empleado público.
La fechoría cometida con el inmueble del Instituto Electoral es tan real como el hecho de que los actuales consejeros han solicitado cinco millones de pesos para rehabilitarlo.
Montaño, pese a que desde 2013 enfrentaba una demanda penal en la Fiscalía del estado y desde 2012 un procedimiento administrativo en la Contraloría del IEPCT, fue nombrado magistrado del TET en 2014 por el Senado, gracias al padrinazgo de Adán Augusto López Hernández, cuyo Notaría, la número 27, también se encuentra relacionada en la adquisición amañada endosada a los ex consejeros.
Ahí se advierte que el proceso para elegir a Montaño estuvo viciado de origen, y que su participación en la calificación de la jornada para presidente municipal de Villahermosa pudo obedecer a un interés político, que fue beneficiar al gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, El Güero, quien impulsó a la hermana de Adán, Rosalinda, como candidata del PVEM y de la familia Madrazo a la alcaldía capitalina.
Por eso es posible señalar que el proceso de desafuero contra Montaño también tiene una carga a desquite por haber politizado un dictamen que seguramente la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le va a rechazar al TET.
No obstante, sus protectores llegan al extremo de comparar a Montaño con Andrés Manuel López Obrador por el desafuero que este enfrentó en 2006 por desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como jefe de gobierno del DF.
No puede afirmarse que el desafuero de Montaño sea un tema de aplicación de las leyes, porque hay un tufo político en todo el tinglado que enfrentó en el Congreso local de mayoría perredista.
En todo caso se trató del mejor ejemplo de la máxima juarista: justicia a secas.
