Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Extorsión, cierre de negocios, pérdida de empleos…
El delito de la extorsión se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el sector privado, sobre todo en los estados del sur de la república donde se han presentado el mayor número de casos, comparado con otras regiones del país.
El Banco de México (Banxico) reportó que durante el primer semestre de 2019, por lo menos una de cada cinco empresas sufrieron este tipo de delitos, el cual ha ido a la alza desde que inició este gobierno.
El documento, que hace un análisis de las economías regionales, dado a conocer por Banxico, destaca que la incidencia en esta zona, donde se encuentran los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, representa el máximo histórico desde 2015, cuando comenzó el registro, especialmente en el sector servicios, pues son más vulnerables ante la delincuencia toda vez que están más expuestas al público.
Lo peor de todo, es que las empresas dejan de ser productivas, la delincuencia los obliga a cambiar de entidad o en el peor de los casos a bajar las cortinas y con ello a que exista mayor desempleo en el lugar donde se encontraban asentadas.
Según el Inegi, la inseguridad y el delito han dejado pérdidas por más de 155 mil 800 millones de pesos en el sector empresarial, lo que representó casi un punto porcentual (0,86 %) del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
En Tabasco, el cual se encuentra entre los diez estados con el mayor índice de extorsión en el país, el trimestre pasado (julio-septiembre) reportó 39 casos.
De los 17 municipios, 11 registran denuncias, Centro focaliza el 25% de incidencia, aunque es el que muestra la mayor reducción de 65 casos que se presentaron en el mismo periodo de 2018 a 10 que se registraron en el tercer trimestre de 2019.
En contraste, Comalcalco, Nacajuca, Centla, Huimanguillo, Paraíso y Tacotalpa reportan un crecimiento comparado con el periodo del año pasado.
En junio pasado los diputados del Congreso local, aprobaron una ley contra la extorsión, a iniciativa del gobernador, Adán Augusto López Hernández, que lejos de venir a resolver un problema contra la delincuencia, estuvo enfocada para reprimir a manifestantes o contra quienes realicen bloqueos a instalaciones petroleras, de ahí que la hayan bautizado como ‘Ley Garrote’.
Según legisladores de Morena las reformas a la ley servirían para impulsar el desarrollo en la entidad e incentivar la inversión, pero hasta hoy los resultados dicen todo lo contrario.
