Al finalizar el actual sexenio, México enfrenta una crisis forense de dimensiones históricas: más de 72,100 cuerpos permanecen sin identificar en las morgues del país, según datos obtenidos por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
Este rezago, que se ha acumulado desde 2006, afecta a un país con más de 115,000 personas desaparecidas, lo que deja a miles de familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.
La llamada “crisis forense” refleja una realidad devastadora: cuerpos que ingresan a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y que nunca recuperan su identidad, quedando atrapados en un limbo burocrático mientras sus familias los buscan desesperadamente. Muchos de estos cadáveres, que podrían pertenecer a personas desaparecidas, acaban en fosas comunes o en refrigeradores forenses sin que se les restituyan sus nombres.
De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados entre 2006 y 2023, el 48 por ciento (34,699) ingresaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2019-2023). Esto contrasta con las promesas del mandatario de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y devolverles su identidad. Los datos muestran que la crisis se ha agravado bajo su mandato, lo que refleja una ineficacia persistente en la identificación forense.
La situación no es nueva, pero ha empeorado con los años. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), 19,680 cuerpos quedaron sin identificar, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el rezago fue de 10,185 cadáveres. Desde que Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, el país ha experimentado una escalada en la violencia que ha desbordado la capacidad de las instituciones forenses.
En el actual sexenio, 51,791 personas han desaparecido, lo que representa el 44.8 por ciento de todas las desapariciones registradas en México desde 2006. En promedio, una persona desaparece cada hora en el país. Esta cifra supera las 32,885 desapariciones del sexenio de Peña Nieto y triplica las 16,931 ocurridas bajo Calderón.
La violencia y las desapariciones forzadas han contribuido directamente a la acumulación de cuerpos sin identificar. Según el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de víctimas, la falta de recursos y personal especializado ha dejado a miles de cuerpos sin el proceso adecuado de identificación. Este rezago forense es una tragedia adicional para las familias, que se ven obligadas a recorrer morgues y revisar imágenes de cadáveres en condiciones deplorables.
José Ugalde, vocero del MNDM, describe la situación como una tortura psicológica. Muchas familias pasan años buscando a sus seres queridos entre fotografías de cuerpos mutilados o enterrados en fosas comunes, sin apoyo psicológico adecuado.
De los 72,172 cuerpos sin identificar, el 73 por ciento son hombres, mientras que el 8 por ciento son mujeres, y del 19 por ciento restante no se tiene información sobre su género.
Las entidades con mayor concentración de cadáveres sin identificar son Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, que en conjunto albergan el 60 por ciento del total de cuerpos sin nombre. Baja California encabeza la lista con 13,940 cadáveres que aún esperan ser identificados.
La situación en Baja California es particularmente crítica debido a su condición de estado fronterizo, lo que genera una alta población flotante de personas migrantes que mueren en tránsito y cuyos cuerpos rara vez son reclamados. En estados como Querétaro, Quintana Roo y Sonora, el número de cadáveres sin identificar se ha triplicado en los últimos tres años, mientras que en Nayarit la cifra se ha duplicado.
El colapso del sistema forense mexicano se ha vuelto evidente en los últimos años. En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron que entre 2006 y 2019, más de 38,891 cuerpos sin identificar habían pasado por las morgues del país. Un año después, el MNDM actualizó esta cifra a 52,004 cadáveres no identificados. Para 2023, el número había aumentado un 39 por ciento, alcanzando los 72,172 cuerpos, con un récord de 8,139 víctimas anónimas registradas en ese año.
El problema radica en un sistema fragmentado y sin recursos suficientes para hacer frente al volumen de cuerpos que ingresan a los Semefos. Además de la violencia, el fenómeno migratorio y la falta de coordinación entre instituciones federales y estatales agravan la crisis.
El gobierno de López Obrador ha sido criticado por su falta de acciones efectivas para resolver la crisis forense. A pesar de las promesas de priorizar la búsqueda de desaparecidos, la realidad es que miles de familias continúan buscando a sus seres queridos sin respuestas. El contraste entre la inversión millonaria para identificar los restos de figuras históricas, como el periodista Catarino Erasmo Garza Rodríguez, y la falta de recursos para identificar a las víctimas anónimas actuales es doloroso para muchas familias.
Luz Aidé Ochoa Zárate es una de esas madres que aún esperan respuestas. Después de años de búsqueda, logró identificar a uno de sus hijos desaparecidos, Jocksan Gabriel, enterrado en una fosa común en Veracruz. Sin embargo, aún no ha podido encontrar a su otro hijo, Jordan Yahir, desaparecido junto con su hermano en 2015. Ochoa cree que Jordan podría estar en la misma fosa donde fue encontrado su hermano, pero hasta ahora las autoridades no han avanzado en la exhumación de cuerpos. La crisis forense de México es una tragedia oculta que refleja la incapacidad del Estado para cumplir su promesa de justicia. Mientras miles de cuerpos permanecen sin identificar, otras tantas familias continúan en la agonía de la búsqueda, enfrentándose a un sistema que, por ahora, parece incapaz de darles respuestas. (Más / IA).
